Encuentro entre «Iglesias y Minería» y «Enlázate por la Justicia»
El martes, 5 de abril, por la mañana se encontraron seis
representantes de «Iglesias y Minería» con once personas de «Enlázate por la Justicia» en la sede de Redes, en Madrid. Debatieron en torno a tres puntos.
Legislación vinculante de derechos humanos y empresas
Desde «Iglesias y Minería» califican de imprescindibles estas leyes para la reparación integral de los procesos de intervención de las empresas en la vida de las comunidades de América Latina, una vida que no entienden sin la relación con el medio natural. Quisieran que estas leyes se orientasen más a la protección de las víctimas que a la salvaguarda de las compañías. En ese sentido, impulsan el Tratado Vinculante de la ONU para que la ley no se reduzca a un conjunto de casillas que han de verificar las empresas. Su impresión, tras visitar varios países europeos, se resume en que se prefiere apoyar medidas de Responsabilidad Social Corporativa.
Marina Oliveira, de Brumadinho (Brasil), ha realizado su maestría en el acuerdo de reparación de la empresa minera Vale con el Estado, tras la rotura de la presa en 2019 que derramó lodos tóxicos, provocando la muerte de 272 personas. Realizó numerosas entrevistas a las comunidades y refleja algunas conclusiones: el número de personas trabajadoras de las empresas terciarias es mucho mayor que el de las multinacionales que intervienen. Hay relación con empresas de otros sectores, como transporte, alimentación o prestación de servicios, que forman parte de la cadena de valor, por más que no se dediquen directamente a la minería. Un año después de la rotura de la presa y dentro del proceso de reparación, sucedió otra muerte, esta vez de un trabajador de una empresa terciaria. En el acuerdo no hay prevención de riesgos laborales ni elementos de seguridad ni, por supuesto, responsabilidad civil. Cree que es fundamental que las pequeñas empresas sean incluidas en las leyes antes citadas.
Existe una gran asimetría entre el poder de las empresas y el de las comunidades, que están muy afectadas por problemas derivados de su actividad. Además de ver deteriorada su salud, sufren la degradación y contaminación ambiental así como las muertes de familiares. Estas víctimas tienen rostro y necesitan reparación. Allá donde marcha la Caravana de América Latina lleva consigo el cartel con la memoria de estas personas. Las comunidades no cuentan con asesoría ni recursos para sufragar sus costes como las empresas, que en el caso de Vale ha llegado incluso a trasladar el problema de la rotura de la presa a nivel federal cuando el Estado decidió intervenir por las pruebas, que han sido aportadas por la comunidad. Por ello, demandan la inversión de la carga de la prueba, ya que consideran que esto supone una doble violación de sus derechos. Reclaman la centralidad de las comunidades en el proceso de elaboración de las leyes.
Creen que la futura ley española puede dar forma a otras que se redacten posteriormente en América Latina, por lo que quieren que ésta sea fuerte. Se valora positivamente un desarrollo previo a las directivas y tratados internacionales. Surge el debate de la dificultad existente en nuestro país para incorporar los textos legislativos que provengan de la ONU y el Consejo de Europa, salvo las directivas europeas que tienen una trasposición directa. Se pregunta por el Acuerdo de Escazú, que entró en vigor hace un año, y que supone un gran avance en la defensa de los derechos en América Latina, aunque todavía está en la fase de adhesión de países. El reto, como el de toda ley, es su ejecución e implantación.
Perspectivas de las organizaciones de América Latina
Destacaron la espiritualidad de los pueblos originarios con el ejemplo de la familia Gualinga del pueblo Sarayaku, de Ecuador. Expusieron la necesidad de la campaña de desinversión en minería como una cuestión de coherencia de vida. No podemos financiar a las empresas que destruyen los territorios y las comunidades. Igual que existen criterios de exclusión en las inversiones como la trata, las armas, la esclavitud, el tabaco... es necesario incluir el impacto socio-ambiental. Otra forma de desinversión es no utilizar los minerales, como el oro, entre el equipamiento de las iglesias, o manifestar la contradicción y/o negación de aceptar fondos de empresas mineras para obras sociales. Señalaron la solidaridad internacional como una forma de acción colectiva que podemos seguir impulsando a nivel eclesial y social. Mostraron la necesidad de conectar los problemas locales con los globales, a través de la intervención en los dos espacios, y haciendo visibles esas relaciones.
Trabajo conjunto